Tras una audiencia de formalización, la justicia determinó que un individuo deberá permanecer en prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación en su contra. Los delitos por los que se le acusa son de extrema gravedad: la fiscalía le atribuye tres casos de violación a víctimas menores de 14 años, un suceso de violación contra una mayor de 14 años y un episodio de abuso sexual infantil.
Adicionalmente, se le imputan cargos por la creación y tenencia de archivos de explotación sexual, junto con el delito de obstrucción a la justicia. Este último cargo se debe a que, al ser capturado, el sospechoso reinició su dispositivo móvil de fábrica, logrando eliminar rastros digitales cruciales para el proceso. El magistrado a cargo otorgó un periodo de 120 días para concluir las indagaciones.
El «modus operandi»: engaño a través de aplicaciones
La fiscal especializada en delitos sexuales de la región de Tarapacá, Camila Albarracín, reveló la estrategia que utilizaba el sujeto, identificado como Sebastián E.P.U., para acercarse a sus víctimas. El hombre empleaba plataformas digitales de citas para vincularse con mujeres, presentándose con su identidad real o bajo el nombre falso de “Michael Hidalgo”.
Durante el cortejo, el imputado indagaba si las mujeres tenían a su cuidado a niñas o hijas pequeñas. Una vez establecida la confianza y concretado el encuentro presencial, aprovechaba cualquier descuido para perpetrar los ataques contra las menores de edad, registrando además las agresiones en video.
Evidencia clave y búsqueda de víctimas a nivel nacional
La detección de estos crímenes, que se habrían ejecutado desde el año 2019 hasta la actualidad, fue posible gracias a un testigo fundamental que entregó material audiovisual extraído del teléfono del acusado. En dichas grabaciones, se pudo corroborar que existían «al menos tres niñas de edades aproximadas entre 3 a 5 años, siendo víctimas de violaciones y abusos sexuales».
Alcance territorial y reconocimiento
Debido a que el material incautado sugiere que los delitos ocurrieron en diversas zonas del país, como Tarapacá, Antofagasta, La Serena, Concepción y Temuco, el Ministerio Público busca identificar a todas las niñas afectadas.
Para facilitar este proceso, la fiscal Albarracín hizo una solicitud pública: “Por esto hacemos un llamado a personas que pudieran haber conocido al imputado para que se acerquen a la Fiscalía o al OS 9 de Carabineros”.
A pesar de que las leyes impiden difundir el rostro o el nombre íntegro del acusado, la persecutora entregó un detalle clave para posibles nuevas denunciantes: “Si bien el tribunal no permitió dar su nombre completo ni su rostro, sí podemos dar cuenta de unos tatuajes que mantiene el imputado y que pueden servir para su reconocimiento”.
Foto: Fiscalía y Tarapacá.