Cada temporada de incendios vuelve a poner sobre la mesa una realidad incómoda: en Chile, el fuego casi nunca se origina de forma natural. La legislación vigente contempla sanciones penales y económicas severas para quienes, por acción u omisión, generan incendios forestales que dañan personas, ecosistemas y bienes públicos o privados.
Un dato clave: casi todos los incendios tienen origen humano
Las estadísticas oficiales entregadas por Conaf revelan que el 99 % de los incendios forestales en Chile es provocado por personas. Dentro de ese grupo, la mayoría corresponde a hechos asociados a negligencia, imprudencia o incumplimiento de normas básicas de prevención.
Este escenario llevó al Estado a reforzar el marco legal con el objetivo de desincentivar el uso irresponsable del fuego y proteger el patrimonio forestal del país.
La Ley 20.653 y el endurecimiento de las sanciones
Desde febrero de 2013, la Ley 20.653 regula las penas asociadas al uso indebido del fuego. La normativa establece distintos castigos según el resultado de la acción y el nivel de daño provocado.
Uso del fuego sin que exista incendio
La ley sanciona incluso cuando no se genera un siniestro. El artículo 22 indica que “el empleo del fuego, en contravención a las disposiciones de la presente ley y sus reglamentos, y siempre que de ello no se haya seguido incendio, será castigado con presidio menor en sus grados mínimo a medio y multa de 11 a 50 unidades tributarias mensuales (UTM)”.
En términos económicos, la multa máxima en este caso puede llegar a $3.487.550.
Cuando el fuego causa daños ambientales o materiales
Las penas aumentan de forma significativa si el uso del fuego deriva en destrucción. La normativa señala que “El que rozare a fuego infringiendo las disposiciones legales y reglamentarias y a consecuencia de ello destruyere bosques, mieses, pastos, montes, cierros, plantíos o formaciones xerofíticas de aquellas definidas en la ley Nº 20.283, ganado, construcciones u otros bienes pertenecientes a terceros o afectare gravemente el patrimonio forestal del país, será castigado con presidio menor en sus grados medio a máximo y multa de 50 a 150 UTM (de $3.487.550 a $10.462.650)”.
La negligencia también tiene consecuencias penales
Uno de los puntos más relevantes de la legislación es que no exige intención para aplicar castigos. El artículo 22 ter establece que “el que por mera imprudencia o negligencia en el uso del fuego u otras fuentes de calor en zonas rurales o en terrenos urbanos o semiurbanos destinados al uso público, provocare incendio que cause daño en los bienes a que alude el inciso segundo del artículo 22, sufrirá la pena de presidio menor en su grado medio a máximo y multa de 50 a 150 UTM (de $3.487.550 a $10.462.650)”.
Esto significa que una acción descuidada puede derivar en penas de cárcel, aun sin dolo.
Incendios en áreas protegidas: el castigo más alto
El escenario más grave se produce cuando el fuego afecta parques nacionales, reservas u otras áreas silvestres protegidas. En estos casos, la ley establece que “Si el incendio se produjera en un Área Silvestre Protegida o se propagare a alguna de ellas, el responsable del uso del fuego u otras fuentes de calor en las zonas y terrenos a que alude el inciso anterior, sufrirá la pena de presidio menor en su grado máximo y multa de 100 a 200 unidades tributarias mensuales (UTM)”.
La multa máxima contemplada por la ley alcanza los $13.950.200.
¿Qué significa presidio menor?
La legislación chilena clasifica las penas de presidio menor de la siguiente manera:
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Grado mínimo: 61 a 540 días
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Grado medio: 541 días a 3 años
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Grado máximo: 3 años y un día a 5 años
Una nueva ley en camino
Pese a las sanciones actuales, las autoridades consideran que la normativa requiere modernización. En ese contexto, el director ejecutivo de Conaf, Rodrigo Illesca, afirmó que “La tramitación de la nueva Ley de Incendios Forestales y Rurales —actualmente en segundo trámite constitucional en el Senado— es clave para dotar al país de un marco legal moderno y eficaz. Esta ley busca fortalecer la prevención, regular el manejo del territorio y establecer responsabilidades compartidas entre el Estado“.
Mientras avanza la discusión legislativa, el llamado de las autoridades es claro: la prevención y el uso responsable del fuego siguen siendo la principal herramienta para evitar nuevas tragedias ambientales.