Tres ciudadanos venezolanos condenados por delitos cometidos contra mujeres migrantes en La Serena recibieron reducciones de sus penas mediante decretos administrativos dictados durante 2026.
Dos de ellos recuperaron su libertad anticipadamente en septiembre, luego de que se aplicaran los beneficios establecidos en la Ley N.º 19.856.
Los documentos fueron firmados por el ministro de Justicia, Fernando Rabat, y, en uno de los casos, por el subsecretario Luis Silva mientras ejercía como ministro subrogante.
Dos condenados salieron de prisión en septiembre
Winder Marott Morán recibió una rebaja de tres meses a través de un decreto fechado el 4 de septiembre de 2026 y suscrito por Rabat.
Jhonder Ollarves Berbesi obtuvo una reducción equivalente mediante una resolución del 7 de septiembre, firmada por Luis Silva en calidad de ministro subrogante.
Las penas de ambos debían finalizar originalmente el 8 de diciembre de 2026. Tras la aplicación de las rebajas, Marott recuperó su libertad el 9 de septiembre y Ollarves lo hizo al día siguiente, según los antecedentes consignados en la investigación.
Un tercer condenado, Franyorkin Aramburu Hernández, recibió una disminución de nueve meses mediante un decreto firmado el 6 de julio de 2026.
Condenas se originaron por amenazas y robos contra mujeres migrantes
La causa se remonta a diciembre de 2021, cuando la Policía de Investigaciones detuvo a cuatro ciudadanos venezolanos tras una investigación por amenazas e intimidación armada contra mujeres extranjeras que ejercían comercio sexual en un inmueble de La Serena.
Según los antecedentes judiciales, los sujetos exigían pagos periódicos bajo amenazas. La cifra llegó a $100.000 semanales por cada mujer, mientras que en uno de los episodios inicialmente habrían solicitado $50.000 a cada víctima.
Los involucrados se presentaban como supuestos integrantes del Tren de Aragua para intimidar a las afectadas.
Sin embargo, durante el proceso judicial no se acreditó que efectivamente pertenecieran a esa organización criminal.
Tribunal los condenó a cinco años y un día
En agosto de 2022, el Tribunal Oral en lo Penal de La Serena impuso penas de cinco años y un día de presidio por robo con intimidación y delitos asociados al porte ilegal de armas y municiones.
Al no comprobarse una vinculación efectiva con el Tren de Aragua, los acusados no fueron condenados por asociación ilícita ni por formar parte de dicha estructura criminal.
Registros disciplinarios generan cuestionamientos
Beneficiados obtuvieron calificación exigida para reducir sus penas
Uno de los aspectos que abrió dudas corresponde a los antecedentes disciplinarios de quienes recibieron las rebajas.
De acuerdo con la revisión de los registros, los tres condenados habían presentado infracciones al régimen penitenciario.
En el caso de Jhonder Ollarves Berbesi, se contabilizaban al menos cinco causas adicionales. En abril de 2024, funcionarios de Gendarmería lo sorprendieron con un teléfono celular y un chip dentro del penal de La Serena, situación por la que posteriormente recibió otra condena de 41 días.
Franyorkin Aramburu Hernández, en tanto, había solicitado libertad condicional en octubre de 2025, petición que fue rechazada por la comisión correspondiente.
Pese a estos antecedentes, los tres obtuvieron la calificación de “comportamiento sobresaliente”, condición contemplada por la Ley N.º 19.856 para acceder a rebajas de condena.
Decreto de Aramburu presenta una fecha que requiere aclaración
Otro punto cuestionado aparece en el documento que benefició a Franyorkin Aramburu Hernández.
El decreto firmado el 6 de julio de 2026 estableció como nueva fecha de término de la condena el 8 de marzo de ese mismo año, es decir, cuatro meses antes de que se suscribiera la resolución.
La diferencia temporal requiere una explicación administrativa y, con los antecedentes disponibles, no permite determinar por sí sola cuándo se produjo efectivamente su salida del recinto penitenciario.
Expulsiones también entraron en el debate
La situación abrió interrogantes respecto de eventuales procesos de expulsión de los condenados.
El 30 de julio de 2026, Chile y Venezuela anunciaron el restablecimiento gradual de sus relaciones consulares, escenario que permitiría recuperar determinados servicios entre ambos países.
No obstante, cualquier expulsión requiere procedimientos y requisitos legales específicos, por lo que no se ejecuta automáticamente por la nacionalidad de una persona ni por el término de su condena.
Gobierno suspendió nuevas rebajas mientras revisa decretos
El caso se conoce en medio de cuestionamientos al Ministerio de Justicia por otros beneficios concedidos a personas condenadas por delitos sexuales contra menores y por violaciones a los derechos humanos.
La controversia llevó al Ejecutivo a suspender la tramitación de nuevas rebajas mientras se revisan los antecedentes.
Según se informó, el Presidente José Antonio Kast descartó solicitar la renuncia del ministro Fernando Rabat y le encargó examinar los decretos que han generado cuestionamientos.
La discusión permanece abierta respecto de los criterios utilizados para conceder estos beneficios y de los controles administrativos aplicados en casos relacionados con delitos violentos.