El Congreso Nacional despachó a ley el proyecto “Ordenemos la Cuenta”, presentado por el Ministerio de Energía el pasado 23 de junio. La iniciativa fue aprobada de manera unánime por el Senado y obtuvo un amplio respaldo en la Cámara de Diputadas y Diputados.
La nueva normativa busca proteger la economía de las familias, regularizar las deudas pendientes con las empresas del sector eléctrico y fortalecer la resiliencia del sistema, mediante medidas sociales, ajustes regulatorios y nuevas herramientas institucionales.
Tras la votación, la ministra de Energía, Ximena Rincón, valoró el trabajo desarrollado junto a los parlamentarios durante la tramitación.
“Aquí lo que ha habido es un trabajo serio con los parlamentarios, con las diputadas, los diputados, las senadoras, los senadores, y quiero agradecerles a los presidentes de ambas comisiones porque han hecho un trabajo serio en la Cámara y en el Senado, y a cada uno de los que ha intervenido en esta discusión. De verdad, esto demuestra que cuando trabajamos todos juntos, cuando ponemos a la ciudadanía por delante, resolvemos problemas”, mencionó Ximena Rincón.
Durante la discusión legislativa también se incorporó una indicación para extender la cobertura destinada a las personas electrodependientes y otra que impide a las empresas incluir en las cuentas de la luz las multas aplicadas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.
Extensión del Subsidio Eléctrico
Uno de los ejes de la iniciativa contempla extender el Subsidio Eléctrico durante todo 2027 para apoyar a las familias más vulnerables del país.
La ley también incorpora medidas para proteger a los hogares de las regiones de Los Ríos y Los Lagos, donde se proyectaba un aumento considerable de las tarifas eléctricas.
Regularización de las deudas tarifarias
La normativa permitirá saldar la deuda acumulada con las empresas distribuidoras correspondiente al componente de distribución, conocido como Valor Agregado de Distribución, para el período 2020-2024. Este proceso tarifario acumuló un retraso de 43 meses.
El pago se realizará gradualmente entre 2028 y 2035. En 2028, el cargo asociado a la deuda con las empresas generadoras disminuirá de 22 a 9 $/kWh, mientras que se aplicará un cargo de 5 $/kWh para abordar la deuda de distribución. De acuerdo con el mecanismo establecido, esto permitirá una reducción neta de 8 $/kWh en las cuentas de la luz.
La iniciativa también aborda el retraso de 28 meses acumulado en el componente de transmisión. Para evitar la generación de una nueva deuda, se extenderá el decreto tarifario correspondiente al período 2020-2023 hasta el 31 de diciembre de 2028.
Con esta medida, se busca que desde 2029 el sistema opere sin retrasos ni nuevas deudas para las familias.
El tercer eje de la ley está orientado a fortalecer la seguridad y la calidad del suministro eléctrico.