El video generado con inteligencia artificial que muestra al administrador municipal de La Serena, Gonzalo Arceu, continúa generando repercusiones, luego de que una abogada experta en derecho público advirtiera que el caso podría ser analizado bajo la Ley Karin.
El origen de la controversia
La polémica comenzó luego de que el alcalde de Coquimbo, Ali Manouchehri, compartiera en redes sociales un registro elaborado con inteligencia artificial.
En la pieza audiovisual aparecen caricaturizados Gonzalo Arceu y el administrador municipal de Coquimbo, David Díaz, en medio del debate por la eventual instalación de un casino en La Serena.
Ley Karin y entorno digital
La abogada y magíster en Derecho Público María José Lira sostuvo que el contenido podría configurar una situación de violencia laboral en espacios digitales.
La especialista explicó que la Ley Karin contempla la protección de funcionarios públicos frente a determinadas conductas, incluso cuando estas provienen de terceros que no forman parte directa de su entorno laboral.
«Desde la perspectiva del derecho, este caso es un claro ejemplo de violencia laboral en el entorno digital, una conducta tipificada y sancionada por la Ley Karin».
Denuncia debería canalizarse ante Contraloría
Según Lira, si se decide avanzar con una denuncia, esta debería ser presentada ante la Contraloría General de la República, considerando que el presunto responsable sería una autoridad comunal en ejercicio.
La abogada también remarcó que la institución donde trabaja el funcionario afectado debe adoptar medidas para resguardar su integridad, independiente de quién haya difundido el contenido.
Eventuales consecuencias para la autoridad
La experta advirtió que los hechos podrían tener implicancias vinculadas al principio de probidad administrativa.
En caso de que Contraloría emita un pronunciamiento desfavorable, el concejo municipal podría evaluar acciones respecto del alcalde involucrado.
Debate por límites del uso de IA
El caso instaló una discusión sobre el uso de inteligencia artificial en conflictos políticos y comunicacionales entre autoridades.
La situación también abre interrogantes sobre los límites de la sátira digital, el resguardo de funcionarios públicos y las responsabilidades que podrían derivarse cuando este tipo de contenidos afecta a personas que ejercen funciones municipales.