En un esfuerzo por mantener el orden y la seguridad interna, el Subdepartamento de Servicios Especializados de Gendarmería ejecutó una profunda intervención en la unidad penal de la capital regional. El procedimiento se centró en una población de 924 internos, quienes fueron sujetos a revisiones exhaustivas para garantizar la tranquilidad dentro del recinto.
Este tipo de acciones, que se replican en distintos puntos del país, tienen como objetivo principal, según las autoridades, el control estricto sobre la posesión de objetos y sustancias que no están permitidas en los contextos carcelarios.
Resultados de la fiscalización: Armamento, tecnología y efectivo
El allanamiento arrojó cifras significativas respecto a los elementos que circulaban de manera clandestina entre los reclusos. Tras la inspección de las dependencias, el personal logró incautar lo siguiente:
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Armamento y alcohol: Se retiraron 198 armas blancas de confección artesanal y un total de 175 litros de licor fabricado de manera irregular.
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Tecnología y comunicación: El decomiso incluyó 34 equipos celulares, además de accesorios como chips, cargadores, dispositivos de almacenamiento pendrive y módems para conexión wifi.
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Dinero y estupefacientes: Se hallaron $190.000 en efectivo, diversas sustancias ilícitas y pipas artesanales utilizadas para el consumo de drogas.
Un despliegue estratégico y multidisciplinario
Para garantizar el éxito de la operación, no solo se contó con la guardia interna, sino que se movilizó a un contingente de 111 funcionarios. En esta fuerza de tarea participaron diversas unidades especializadas, entre las que destacan:
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El Centro de Adiestramiento Canino.
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La Unidad de Servicios Especiales Penitenciarios (USEP) de Coquimbo.
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Personal en formación de la Escuela Institucional.
La visión de las autoridades
El coronel Francisco Bravo Benavides, quien lidera la dirección regional de Gendarmería en Coquimbo, explicó que estas intervenciones son pilares fundamentales de una estrategia mayor para robustecer la vigilancia en las cárceles.
De acuerdo con las declaraciones de Bravo, estas acciones permiten “detectar y retirar elementos prohibidos que afectan la convivencia y el normal funcionamiento de las unidades penales”, asegurando así que el régimen interno se desarrolle sin contratiempos ni riesgos innecesarios para el personal y los propios internos.
Foto: Canal 9.