Un médico cirujano de nacionalidad ecuatoriana fue enviado a prisión preventiva por el Juzgado de Garantía de Coquimbo, tras ser formalizado por delitos reiterados de fraude de subvenciones y emisión de licencias médicas ideológicamente falsas.
El caso ha generado impacto a nivel nacional, luego de que la investigación revelara que el profesional habría extendido 11.880 licencias electrónicas fraudulentas entre enero de 2023 y junio de 2025, situándolo como el “mayor emisor de licencias médicas a nivel nacional”.
Tribunal cuestiona patrón de emisión
Durante la audiencia, el magistrado Darío Díaz fundamentó la medida cautelar más gravosa en la magnitud y características de la conducta atribuida al imputado.
El juez detalló que resultaba especialmente llamativo “el número de licencias que el imputado emitió, las circunstancias en que aparentemente se habrían atendido, el número de atenciones diarias, los promedios mensuales y los horarios de emisión de estas licencias médicas”.
Para el tribunal, la frecuencia, la cantidad y los horarios en que se generaban los documentos constituyen “un antecedente demasiado contundente”, lo que permitió configurar los cargos en su contra.
Investigación por millonario perjuicio fiscal
La indagatoria, cuyo plazo fue fijado en 120 días, arrojó antecedentes que dan cuenta del alcance del presunto fraude.
Entre los casos detectados, se estableció que 36 licencias fueron emitidas a 34 funcionarios públicos que, al momento de figurar con reposo médico en Chile, se encontraban fuera del país.
El perjuicio económico también es significativo. De acuerdo con los antecedentes, en relación con 10.741 beneficiarios de Fonasa vinculados al imputado, el Estado habría desembolsado $4.639.802.932 en subsidios por incapacidad laboral que no correspondían.
Riesgo de fuga influyó en la decisión
Además de la gravedad de los hechos investigados, el tribunal consideró la situación migratoria del profesional y antecedentes que apuntaban a una eventual salida del país.
En ese sentido, el juez fue categórico al señalar que “es un hecho objetivo que él pretendía salir del país”, lo que reforzó la tesis del peligro de fuga como uno de los argumentos centrales para decretar la prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación.
Con esta resolución, el tribunal busca asegurar la presencia del imputado durante el proceso judicial y resguardar el éxito de las diligencias en curso.