Un informe de la Contraloría General de la República volvió a encender las alarmas sobre los mecanismos de contratación en el sector público. El documento confirmó que 35 personas con prohibición absoluta para trabajar con niños, niñas y adolescentes fueron contratadas durante 2025 para desempeñar funciones en servicios estatales, pese a contar con condenas por delitos sexuales.
Según el organismo fiscalizador, en todos los casos detectados estas personas mantuvieron contacto “directo y habitual” con menores de edad, principalmente en municipalidades, servicios locales de educación (SLEP) y hospitales, lo que evidencia una vulneración grave a la normativa vigente.
Un problema que se repite año a año
Más de 160 casos en cinco años
El informe no solo se concentró en 2025. La Contraloría advirtió que este tipo de situaciones se viene repitiendo de manera sostenida:
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2020: 12 casos
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2021: 17 casos
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2022: 26 casos
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2023: 33 casos
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2024: 41 casos
En total, 164 personas inhabilitadas fueron detectadas prestando servicios públicos en el último quinquenio, lo que da cuenta de fallas estructurales en los sistemas de verificación de antecedentes.
Además, el reporte identificó 72 instituciones del Estado que, en algún momento, mantuvieron entre sus filas a una o más personas con prohibición legal para trabajar con menores.
El caso de Illapel en la Región de Coquimbo
Municipio explica y descarta irregularidades vigentes
En la Región de Coquimbo, el informe menciona solo a una entidad: la Municipalidad de Illapel. Al respecto, el alcalde Denis Cortés explicó que los procesos de revisión se realizan de forma anual en el área educacional.
«En el mes de marzo, la Municipalidad, para el Departamento de Educación, actualiza todos los datos de los funcionarios… cuando se pidió a marzo del 2025 no había ningún funcionario que tuviera esa inhabilidad», señaló el jefe comunal, detallando que en la comuna trabajan cerca de 750 funcionarios entre docentes y asistentes de la educación.
Posteriormente, durante una fiscalización realizada por la Superintendencia de Educación, se detectó que un funcionario presentaba una inhabilidad sobreviniente. «Durante el año, la Superintendencia de Educación hizo una fiscalización e identificó que un funcionario tenía en este caso una inhabilidad… ese funcionario ya en el mes de julio había dejado de trabajar por la Municipalidad», explicó Cortés.
Respuesta municipal y cierre del vínculo laboral
Alcalde asegura que se actuó conforme a la ley
El alcalde de Illapel recalcó que el vínculo laboral fue terminado antes incluso de finalizar la fiscalización. «Inmediatamente que el municipio tomó los antecedentes, ese funcionario ya no trabaja… quedó acreditado en la Superintendencia que el municipio había actuado correctamente», afirmó.
Finalmente, el edil llamó a la tranquilidad de la comunidad: «Estamos tranquilos, llamamos a la calma, los mecanismos de revisión se hacen anualmente… hoy no existe ningún funcionario que tenga una inhabilidad para trabajar en los distintos establecimientos educacionales».
Instrucciones de la Contraloría tras el informe
Plazos breves y eventuales sanciones
Ante los hechos detectados, la Contraloría instruyó a todas las entidades que aún mantengan vínculos con personas con inhabilitación absoluta perpetua a cumplir de inmediato la normativa vigente. Esto incluye aplicar lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley N° 18.575, tanto respecto de las remuneraciones pagadas como de las responsabilidades administrativas de quienes participaron en los nombramientos.
Asimismo, se ordenó iniciar los procedimientos disciplinarios correspondientes, los que deberán ser informados en el Sistema de Inspección de Acciones Derivadas de la Contraloría en un plazo máximo de cinco días hábiles, reforzando así la exigencia de control y probidad en la función pública.